Los sectores farmacéuticos, combustibles, bebidas alcohólicas y cigarrillos hicieron la solicitud ante la Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos del Senado y explicaron que sólo en los casos de ron y cigarrillos, las pérdidas que esta problemática genera al Estado Dominicano, se estiman en aproximadamente 3,000MM anuales.
Santo Domingo. Representantes de los sectores farmacéuticos, combustibles, bebidas alcohólicas y cigarrillos solicitaron a la Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos del Senado la inclusión de medidas en el proyecto de ley del nuevo Código Penal Dominicano contra la proliferación de prácticas ilícitas como son la falsificación, la adulteración de productos, la evasión fiscal de empresas formales y el contrabando.
Los sectores, considerados entre los más afectados frente al impacto negativo de la fabricación y comercialización de productos ilícitos solicitaron a la comisión legislativa la ponderación de que incluya la tipificación y penalización de estas prácticas las cuales generan pérdidas significativas al Estado dominicano que, sólo en los casos de ron y cigarrillos se estiman en 3,000 millones de pesos.
La Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos (ARAPF) indica que de los productos comercializados en los últimos años que corresponden a su industria, un 12% se comercializa ilegalmente.
De la misma forma, la Sociedad de Empresas de Combustibles y Derivados (SEC) reporta que el sector de combustible ha registrado pérdidas que ascienden a los 2,000 millones de pesos por año, debido a esa mala práctica.
Asimismo, la Asociación Dominicana de la Industria del Cigarrillo (ASOCIGAR), reporta un impacto negativo a su sector que ha arropado el 22% del total de los cigarrillos comercializados en los últimos años. Mientras, la Asociación Dominicana de Productores de Ron (ADOPRON), reporta que el 20% de los rones en el mercado es comercializado por parte de empresas formalmente registradas que recurren a esta práctica sin cumplir con las obligaciones fiscales aplicables. Estos porcentajes han venido incrementando desde 2013.
En conjunto, las asociaciones empresariales consideran que debe ser del interés del poder legislativo y del sector empresarial del país que se incluyan sanciones que penalicen el comercio ilícito dentro del proyecto de ley del nuevo Código Penal dominicano.
